“Defender que el mercado debe ser regido por el paradigma del bienestar del consumidor, no prejuzga cuantas instancias de la vida social deban estar sujetas a la ley de la oferta y la demanda”
Ignacio Peralta, ayudante de investigación de RegCom

Últimamente ha resurgido uno de los debates centrales del antitrust, aquel sobre su finalidad u objetivo. Parte del debate es conducido por los llamados Neobrandesianos o, coloquialmente, “antitrust hipsters”. Estos cuestionan que el paradigma de bienestar del consumidor sea un criterio adecuado para determinar si una conducta es anticompetitiva o no. Afirman que dicho estándar incapacita a la política de competencia de hacerse cargo de diversos problemas.

¿Qué caracteriza al paradigma del bienestar del consumidor? Este se caracteriza por una preocupación exclusivamente dirigida a que haya un menor precio y un mayor menor output en el corto plazo. Según los críticos, aunque esto “suene bien”, impediría la captación de ciertos factores, tales como la estructura competitiva, el proceso competitivo y las preocupaciones de mediano y largo plazo. Dicha exclusión implicaría atender a los problemas de mercado solo cuando éstos cuajen en un alza de precios o disminución de output. Como decíamos, esa es la única medida a través de la cual el paradigma hegemónico puede detectar problemas lo que implica inevitablemente llegar muy tarde y fracasar incluso bajo sus propios parámetros evaluativos.

De todo modos los problemas del estándar del bienestar del consumidor no se acaban aquí, el mismo excluye otro tipo de preocupaciones que trascienden lo estrictamente económico. Al amparo de la intención original de los congresistas estadounidenses que redactaron el Sherman Act, los críticos sacan a la luz la variedad de objetivos que se perseguía con la legislación de antitrust. El Sherman Act, ley que inaugura el antitrust en EEUU, buscaba, en primer lugar, preservar mercados abiertos para asegurar que todos los actores nuevos pudieran competir. En segundo lugar, la ley era “un catálogo de derechos, una carta de libertad” (“a bill of rights, a charter of liberty”). Esta libertad no solo fue una respuesta a la relación existente entre concentración de poder económico y poder político, sino también una respuesta al riesgo de que el bienestar de todos dependiese del poder de unos pocos actores privados. Finalmente, la normativa buscaba impedir que grandes empresas extrajeran riqueza de productores y consumidores a partir de ganancias monopólicas, interés que no se concentraba exclusivamente en consideraciones de eficiencia, sino que también atendía al efecto político de la distribución. Este tipo de consideraciones que, a partir de lo económico, lo trascendían, fueron paulatinamente dejadas de lado por los tribunales, lo que fue de la mano con el auge del paradigma del bienestar del consumidor.

A todo lo anterior, algunos defensores del paradigma del bienestar del consumidor retrucan distinguiendo entre un antitrust técnico y un antitrust político o populista. Sin embargo, esta distinción refleja nada más que un malentendido sobre lo que significa que algo sea técnico. Esto, pues una técnica es un conjunto de procedimientos o recursos, pero no solo eso, sino que es siempre un conjunto de procedimientos o recursos que se usan para algo. No existe la técnica en sí misma, sino que al empleo de la técnica siempre precede la elección de un fin u objetivo. Y por esto, decir que existe un antitrust técnico y uno político es justamente desconocer el carácter esencial de la técnica, esto es, que siempre depende de que previamente haya uno elegido un fin, elección que no es en sí misma técnica, sino que debe ser sustantiva, o si se prefiere, política.

Habiendo entendido correctamente la distinción entre lo técnico y lo político, ¿qué podemos sacar en limpio? Lo cierto es que a la discusión técnica precede una discusión política, pues solo tiene sentido indagar sobre qué instrumentos uno necesita una vez que sabe qué es lo que quiere lograr. Y en el caso del antitrust este es un desacuerdo sustantivo, no es un mero desacuerdo de palabras respecto de qué significa antitrust.

Habiendo situado correctamente el problema, es posible hacer la defensa política del estándar del bienestar del consumidor prometida en el título de esta columna. En primer lugar, hay que indicar qué valor promueve este paradigma. Para ello, se debe volver a lo básico, y decir que, para los consumidores, tener precios bajos y una mayor producción es algo deseable en tanto que así aumenta su bienestar personal.

En segundo lugar, habiendo identificado ya un valor, hay que defender por qué este valor y no otro. Para esto, habría que poner este valor en relación con otros, especialmente aquellos íntimamente relacionados a la economía, tales como la igualdad, la protección de datos, etc. A este respecto, habría que justificar por qué el bienestar del consumidor debería ser el fin a perseguir por la institucionalidad. Para esto, uno debería atender al objeto de la disciplina: el mercado. Una característica de éste es que la competencia, al menos en teoría, lleva a mayor producción y menores precios, lo que muestra que hay una fuerte correlación entre el paradigma defendido y la dinámica de mercado. Otra característica del mercado es que promueve la segmentación, en tanto que lo recibido, la inmensa mayoría de las veces depende del poder adquisitivo del comprador, por lo que bajo esta lógica se dificulta el acceso igualitario a ciertos bienes que se consideran esenciales. Es muy decidor a este respecto que parte del debate en torno a la igualdad material haya pasado a centrarse en que ciertos bienes dejen de ser commodities transables en el mercado. Bajo esta lógica “descomodificadora” para lograr cierta igualdad material habría que hacer independiente de nuestra capacidad adquisitiva nuestro acceso a ciertos bienes básicos, tales como la salud y la educación, lo que acabaría con la segmentación producida por el mercado. Por lo anterior, uno debe afirmar que hay contextos que son más propensos a promover un valor antes que otro, y lo primero es lo que ocurre respecto del mercado y el bienestar del consumidor, y no ocurre respecto de la relación entre el mercado y la igualdad material.

Y lo anterior no prejuzga qué jerarquía de valores uno tenga, pues uno puede defender el paradigma del bienestar del consumidor aun cuando le importe mucho más la igualdad que tener un mercado con mayor producción y menores precios. Así, es compatible que una persona apoye unos impuestos altísimos, y la “descomodificación” de varios bienes esenciales, al mismo tiempo que, respecto del mercado persigue que haya mayor output y menores precios, justamente porque esa persona comprende que la dinámica de mercado no es propicia para maximizar la igualdad. Así, defender que el mercado debe ser regido por el paradigma del bienestar del consumidor, no prejuzga cuantas instancias de la vida social deban estar sujetas a la ley de la oferta y la demanda.

Por último, habría que entender las críticas al paradigma del bienestar del consumidor respecto de la falta de preocupación por la estructura y el proceso competitivo como las críticas propiamente técnicas que son. Siguiendo la distinción entre lo técnico y el fin que lo técnico persigue, debemos ver el paradigma del bienestar del consumidor como algo que se refiere al fin perseguido, y diferenciarlo de las reglas con que este fin se persigue. Así, la elección del paradigma del bienestar del consumidor es compatible con que haya discusión sobre qué reglas lo protegen de mejor manera, y es compatible con que se cambien unas reglas por otras con mayor rendimiento. Si una mayor preocupación por la estructura y el proceso redundan en menores precios y mayor output, se podría adoptar esta mayor preocupación, y cambiarían las reglas del estándar del bienestar del consumidor, más no el estándar mismo.

En suma, una defensa fuerte del paradigma del bienestar del consumidor requiere no escudarse en lo que la libre competencia actualmente es y lo buenas o malas que son sus reglas. Esta defensa fuerte requiere entrar al campo de batalla de las ideas, y defender no solo lo que la libre competencia es, sino lo que esta debe ser. Y esto último se debe hacer sin afirmar que hay una definición pétrea de este concepto, y se debe hacer asumiendo que el desacuerdo es sustantivo, es decir, un desacuerdo sobre lo que como sociedad queremos, y lo que creemos que podemos exigir del mercado.

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